Desinterés judicial: Menos del 1% de los incidentes de violencia contra la mujer resultan en sentencias.

 

La violencia contra la mujer en el Perú es un fenómeno multifacético que abarca diversas dimensiones sociales, económicas y culturales. Entre el 2018 y julio del 2023, el Poder Judicial evaluó más de 800,000 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar en todo el país, pero apenas emitió 354 sentencias, lo que representa apenas un 0,044% del total de denuncias. Esta situación genera un mensaje de impunidad que, según expertos, contribuye a incentivar a los agresores.

La Defensoría del Pueblo ha señalado que uno de los principales problemas radica en que el sistema de justicia no responde de manera efectiva a un enfoque de género y derechos humanos que priorice a las víctimas. En una supervisión realizada en 2020 a despachos fiscales especializados en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, se evidenció que el 72% de los casos se archivaban, principalmente por agresiones contra las mujeres y afectaciones psicológicas. Esto pone de manifiesto la necesidad de un cambio estructural en la forma en que se aborda este tipo de violencia.

El proceso judicial por violencia contra la mujer puede ser largo y desgastante. En el mejor de los escenarios, puede tardar hasta tres años desde que se realiza la denuncia en una sede policial. Durante este tiempo, las víctimas enfrentan revictimización constante, desde relatar el trauma hasta la evaluación médica, a menudo cuestionada por los operadores de justicia. Este calvario no garantiza justicia y contribuye a desincentivar a las denunciantes.

La situación se agrava aún más al observar la disparidad entre los departamentos. Mientras que Áncash acumula el mayor número de sentencias, con 91 entre el 2020 y lo que va del 2023, Lima solo suma cinco en ese mismo periodo. Además, entre 2018 y 2019, no se registraron sentencias en todo el país, a pesar de reportarse 9,319 casos. Lucía Santos, abogada especialista en género y derechos humanos, destaca la dificultad probatoria, la carga procesal y un sistema de cuotas como causas de esta brecha abrumadora.

En términos de medidas de protección, se otorgaron 115,234 entre enero y julio de 2023, representando el 71,5% de los casos ingresados. Sin embargo, estas medidas, a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), se ven limitadas por un déficit crítico de personal, lo que reduce su efectividad. Las mujeres víctimas de violencia, a pesar de recurrir al Estado, a menudo no están adecuadamente protegidas, lo que se refleja en casos de feminicidio donde las víctimas contaban con medidas de protección.

El sistema de justicia, desde la Fiscalía hasta la PNP, se ve afectado por la revictimización y los estereotipos de género. La dificultad probatoria en casos de violencia psicológica, donde no siempre se utilizan los instrumentos adecuados, crea obstáculos significativos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya se ha pronunciado sobre la importancia de un sistema de justicia capaz de sancionar a los responsables como medida clave para prevenir la violencia de género.

Es imperativo que el Estado asuma la responsabilidad de subsanar cada eslabón del sistema de justicia. La voluntad política debe traducirse en acciones concretas para combatir la cultura de impunidad y ofrecer protección efectiva a las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Hasta que esto suceda, estas víctimas seguirán expuestas a una sociedad que, lamentablemente, perpetúa la revictimización.